El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el proyecto para redistribuir el financiamiento público ordinario correspondiente al segundo semestre de 2026, luego de la obtención del registro de los nuevos partidos políticos nacionales Partido Paz y Somos México. Durante la sesión de la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, la coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Diana Jazmín Sánchez Martínez, explicó que el nuevo cálculo se elaboró con base en el monto global de financiamiento aprobado por el Consejo General al inicio del año y conforme a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos y la legislación electoral local. La propuesta contempla la distribución de 68 millones 860 mil 727 pesos con dos centavos entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, Partido del Trabajo (PT), así como los recién registrados Partido Paz y Somos México. La presidenta de la comisión, la consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores, recordó que el financiamiento público constituye un derecho previsto en la legislación para los institutos políticos con registro vigente y señaló que la propuesta será sometida al análisis y eventual aprobación del Consejo General del IEEQ. Precisó además que el registro de Partido Paz y Somos México, otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE), surtió efectos legales a partir del 1 de julio de 2026, por lo que corresponde realizar el ajuste en la distribución de recursos para el resto del ejercicio fiscal. Por su parte, la consejera Karla Isabel Olvera Moreno señaló la importancia de definir con precisión el momento en que los nuevos partidos adquieren el derecho a recibir financiamiento público y sobre qué recursos debe aplicarse la redistribución. Asimismo, aclaró que el proyecto presentado tiene carácter informativo y no generará efectos jurídicos hasta que sea aprobado por el Consejo General, además de solicitar una revisión para garantizar el cumplimiento de los principios de certeza y legalidad.
El texto original de este artículo de la Agencia Quadratín.
